Iniciativa, que parte desde la Asociación Automotriz del Perú (AAP), plantea que municipalidades distritales utilicen medidas irregulares de “control de tránsito” para obtener ingresos con vehículos mal estacionados
La AAP evalúa acciones para que, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se inicien acciones en contra de aquellas municipalidades distritales que, a través de sistemas de “control del tránsito”, realizan “cobros excesivos y sin sustento” a vehículos que se encuentran mal estacionados, según anunció en comunicado de prensa.
“Estos regímenes municipales de control del tránsito tienen un propósito recaudatorio y no fomentan el bienestar de los vecinos ni el desarrollo integral y armónico de su distrito”, señaló el gerente general de la AAP, Adrián Revilla.
El control de vehículos mal estacionados, de acuerdo con Revilla, genera multas desproporcionadas, impuestas por supuestas infracciones a las cuales se les suma los gastos generados por el remolque de la grúa y depósito del vehículo.
“Al final, los afectados -aunque consideran que es un abuso- prefieren pagar antes de quejarse e iniciar procedimientos engorrosos, que terminan siendo más onerosos y duran meses, aun cuando el levantamiento de la papeleta y la medida de internamiento hayan sido arbitrarios y/o ilegales”, explicó.
En algunos casos se han dictado ordenanzas para crear estos sistemas, las cuales desacatan abiertamente el Reglamento Nacional de Tránsito, en palabras del representante de la Asociación.
El origen de este problema es que “las municipalidades distritales no tienen competencia para normar sobre transporte y tránsito terrestre. Esa es una facultad exclusiva del Ministerio de Transporte y, de manera complementaria del Gobierno Regional o de la Municipalidad Provincial, cuando corresponda,” apuntó.
El Reglamento de Tránsito es claro, dijo el representante gremial, al precisar que la facultad de normar temas de tránsito, que incluye el estacionamiento de vehículos en vías públicas terrestres urbanas, como es el caso de los distritos limeños, están fuera de las funciones de las municipalidades distritales.
“Dicha competencia normativa no puede ser ejercida disfrazándolas como si se tratara de ocupación de la vía pública, ordenamiento territorial o comercio ambulatorio, u otros similares. Lo que viene sucediendo en algunos distritos y que ya ha sido denunciado públicamente es que el estacionamiento de vehículos en las vías públicas es parte de los temas del tránsito terrestre, no importa cómo se lo quiera denominar, ya sea ‘ocupación de la vía pública’ u otro”, aclaró.
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Desnaturalizan norma
El también presidente de la Asociación Cruzada Vial sostuvo que la regulación municipal sobre estacionamiento de vehículos desnaturaliza las medidas preventivas de remoción e internamiento de vehículos.
“Hemos visto que, bajo esta práctica municipal, que cuestionamos, la denominación de “medidas complementarias”, les permite una aplicación indiscriminada de acciones que vulneran el ordenamiento legal. En la ley están reguladas las medidas preventivas y se establece claramente que solo pueden ser aplicadas de modo inmediato para evitar un daño irreparable. Lo que en los casos que comentamos no sucede”.
El gerente general de la AAP reconoció que en la capital existe un problema por escasez de estacionamientos públicos, pero es un asunto que debe ser resuelto por los municipios con medidas que fomenten el bienestar de los vecinos.
Considerando ello, el representante gremial también hizo un llamado al Gobierno para que trabaje con las municipalidades distritales, a fin de detener la trasgresión a los derechos ciudadanos, tergiversando la norma e imponiendo multas con el único objetivo de recaudar ingresos dejando de lado su función principal que es fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su comuna.
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